Seguridad jurídica para actuar al margen de la ley

Ya parece que se apaga un poco el pataleo del entramado político-mediático español acerca de la primeras decisiones del gobierno boliviano de Evo Morales, aunque dentro de poco conforme se vayan conociendo nuevas medidas seguramente volverá a empezar.
No sé si es que todo ha sido y es una comedia de despiste (lo más seguro) o es que realmente el heterogéneo grupo de los denominados (y a veces orgullosamente autodenominados) "chicos liberales" pensaba de verdad que Evo se molestó en ganar las elecciones bolivianas, simplemente porque ansiaba tener la oportunidad de cantar alguna canción de gusto incaico, o más propiamente, aymará, en el Palacio Quemado de La Paz; y que a parte de eso no pensaba ni tenía intención de hacer nada más respecto de Bolivia durante su mandato; y que, además, los centenares de miles de bolivianos que votaron por Evo lo hicieron sólo y exclusivamente porque ahora que parece haber una vuelta estética al gusto por lo étnico, el votar y elegir a un indígena para presidir Bolivia quedaba fashion total, y era eso lo que contaba a la hora de pensar a quién otrogar su voto y no las medidas y propuestas del candidato.

De manera concreta (y más allá de la campaña general de desprestigio ligeramente racista llevada a cabo desde la opinión publicada española hacia la opinión pública respecto de la figura de Evo Morales desde que éste fue elegido) las arremetidas furibundas de políticos y medios principales han sido contra dos medidas: el decreto supremo 28701 -llamado "de nacionalización"- (una nacionalización más nominal que fáctica, ya que no es un proceso parangoneable a los que tuvieron lugar bajo ese nombre en Europa e Iberoamérica en las décadas centrales del siglo XX) y el decreto supremo 28711 de reglamentación del anterior, que ordena y establece el traspaso a la estatal YPFB de las acciones que de las empresas fruto de la privatización del sector de los hidrocarburos gestionaban hasta el momento las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Los dos decretos comparten, por un lado, la característica de ser pasos en una única dirección: hacer que el estado boliviano recupere el control de la industria de los hidrocarburos, verdadera bandera política del presidente Morales. En este sentido, el segundo decreto es simplemente una precisión del primero, puesto que el ánimo (y la propia medida jurídico-legal) que está detrás de él, ya estaba explicitado en el primero. Ambos textos legales (además de ser el cumplimiento de la parte más sustancial del programa político con el que Evo se postuló como candidato y con el que ganó la presidencia de Bolivia) se inscriben en el desarrollo normativo de la ley 3058 de Hidrocarburos aprobada en 2005 por el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez tras la salida de Carlos Mesa de la presidencia de la república; debiendo recordarse que esta ley fue promulgada como respuesta al mandato que el pueblo boliviano expresó en referéndum (aun cuando las preguntas del mismo fueran destacadamente tramposas) cuando se pronunció claramente (entre otras cosas) a favor de derogar la antigua Ley 1689 de Hidrocarburos aprobada por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Junto a ésta característica común, los dos decretos anteriormente mencionados también han compartido el destino de una decidida campaña de manipulación y falseamiento por parte de la mayoría de los medios españoles (muy especialmente en el caso de la medida que suponía el segundo decreto), así como por la comunidad de "chicos liberales". Y no ha sido (a pesar del ambiente trompeteril de la escena político-mediática hispana) un campaña moderada pese a todo, sino que por el contrario ha sido bastante exaltada (Bolivia expropia a BBVA, Evo es un criminal, la -supuesta- nacionalización es un robo, Evo es un ladrón, la "robolución" de Chávez se extiende a Bolivia, Chávez ordena a Evo la nacionalización de los hidrocarburos, el presidente de Repsol se muestra consternado...).
Una campaña que, no obstante, no ha sido exclusiva de España. Con una virulencia similar se ha producido en Brasil, al ser la empresa brasileña Petrobrás (que a pesar del número de veces que se ha repetido, NO es una empresa estatal, ya que está privatizada en su mayor parte) una de las que mayores inversiones tienen en el sector hidrocarburífero de Bolivia.
De hecho, con este episodio de la llamada "nacionalización" de los hidrocarburos bolivianos se ha comprobado la impresionante rapidez con la que tanto el gobierno español como el brasileño han cumplido con vociferante talante (en el caso español por boca del inefable sociolistísimo de Pedro Solbes) el papel de defensores de los "intereses españoles" y "brasileños" (entendiéndose por tales intereses -presuntamente nacionales- únicamente a los de las transnacionales, y no a otros; de la misma manera que los "intereses nacionales españoles" -sintetizados en los del colectivo de grandes industriales catalanes- motivaron buena parte de la acción del gobierno español en Cuba en las décadas finales del XIX; y del mismo modo que otro tipo de "intereses nacionales españoles" -mineros fundamentalmente- decidieron en gran parte al gobierno español al mantenimiento de la ocupación colonial de Marruecos, Semana Trágica barcelonesa de por medio). Esta acción de los gobiernos español y brasileño ha evidenciado también, al comprobarse en algunos casos como las reacciones a los decretos del gobierno boliviano por parte de los funcionarios gubernamentales han sido incluso bastante más duras que las de las teóricas "víctimas" de ellos (las empresas transnacionales), ha evidenciado digo, al servicio de quiénes parecen estar primerísimamente los inquilinos de la Moncloa y la Alvorada.
Sin embargo, y dado que con Zapatero nos merecíamos una España mejor y Lula era la esperanza de Iberoamérica ambas administraciones han tenido que conjugar sus discursos más amenazantes con toquecitos de alianza de civilizaciones y cantos de hermandad intertropical para no terminar pareciéndose demasiado en las formas (en las formas, que es prácticamente el único lugar donde parecen tener modelo propio) a los de sus competidores políticos nacionales (PP y PSDB) que, desde luego, han aprovechado la oportunidad para afirmar que con ellos los "intereses nacionales" españoles y brasileños estarían defendidos mucho mejor (de hecho, el PP sabe mucho de esto -y más en el caso de Repsol y BBVA- ya que probablemente en favor de esos "intereses nacionales españoles" apoyó la payasada -si no hubieran muerto decenas de personas en ella, podría realmente decirse que fue una payasada chistosa- de golpe de estado en Venezuela en abril de 2002; y en favor también de esos mismos "intereses nacionales españoles" -aunque no se haya cumplido aquello de "el petróleo baja y la bolsa sube" que afirmó esa deficiente moral de Ana de Palacio- Aznar participó en la invasión de Irak; por algo al poco de que las tropas norteamericanas terminaran las operaciones de invasión y pasaran a las de ocupación, Hernández-Mancha y los "contratistas" españoles ya tenían oficinas en Bagdad).

Volviendo a las medidas del gobierno de Evo, y respecto al llamado decreto de nacionalización (Decreto Supremo 28701 "Héroes del Chaco") puede decirse que aquí los medios españoles (unos más que otros) acertaron a discriminar (más que nada por la cuenta política que les trae a esos "unos más que otros") que ese decreto no suponía una verdadera nacionalización en el sentido tradicional de la palabra, ya que no se contemplaba como medida directa y general la expropiación de los activos de las empresas privadas. Sin embargo, estos medios apenas llegaron a explicar exactamente en qué consistía entonces el asunto de la "nacionalización", ni a qué situación previa y presente pretendía ser reacción.
De manera especial, en parte de la cobertura mediática se obvió interesadamente los detalles de las condiciones en las que las empresas transnacionales estaban operando los campos de gas y petróleo de Bolivia y, sobre todo, en qué condiciones se produjo su entrada en el país a resultas del proceso de la "capitalización" (privatización) del sector público boliviano (singularmente, pero no sólo, del de los hidrocarburos).
Así, es oportuno subrayar que, como en otros muchos países, la Constitución Boliviana de 1976 (vigente hasta hoy) establece en su artículo 139 de manera clara y taxativa que los recursos hidrocarburíferos del país son de dominio imprescriptible del estado, aunque la misma constitución establece la posibilidad de que su explotación pueda asignarse por parte del estado a compañías privadas, fijando también cuál es el mecanismo legal para esa asignación.
En 1996, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y como parte de la aplicación del proyecto gubernamental de implemetación definitiva en Bolivia del modelo socioeconómico neoliberal (cuyos primeros elementos habían sido implantados, pese a todo, años antes tras el colapso económico que vivió el país con la presidencia de Siles Zuazo), se promulgó (en relación a la Ley de Capitalización aprobada un año antes) la ley 1689 de Hidrocarburos (posteriormente reglamentada a través del Decreto Supremo 24806).
Fue esta norma legal la que abrió la puerta (siguiendo la posibilidad constitucional referida) a que empresas privadas pudieran explotar los recursos hidrocarburíferos del país previa formalización de unos contratos de riesgo compartido mediante los que se otorgaría el derecho de explotación de los recursos (pero, en principio, no el derecho de propiedad sobre ellos). Como complemento, se dispuso también la privatizacion por vaciamiento de la pública YPFB creándose a partir de ella tres nuevas empresas adjudicatarias: Andina, Chaco y Transredes. Estas tres empresas quedaron formadas por la unión de las transnacionales extranjeras -Repsol, BP...- que acudieron a la llamada del proceso de privatización emprendido por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (alias "Goni") y que entraron como socios estratégicos de esas tres nuevas empresas disponiendo alrededor del 50% de las acciones de cada una de ellas; mientras que el otro 50% del accionariado quedó en manos de la estatal YPFB (de esta manera quedaban como sociedades capital mixto: público y privado). Sin embargo, al producirse la definitiva privatización sui generis -vaciamiento- de YPFB, este 50% aprox. de las acciones ya no quedó en poder del estado, ya que YPFB las transfirió en dos grupos. De esta manera, aproximadamente el 49% de las acciones de las tres nuevas empresas se traspasó a nombre de los ciudadanos de bolivia mayores de edad en el momento de la capitalización (diciembre de 1995) -decidiéndose que este 49% de acciones en poder de "los bolivianos" fuera gestionado en una especie de fideicomiso por las AFP-, mientras que aproximadamente el 1% restante se puso en manos de los antiguos trabajadores de la ahora vaciada YPFB. Así, al final el reparto accionarial de las empresas quedó en : 50% de las transnacionales, 49% de "los bolivianos" y 1% ex trabajadores de YPFB. Este esquema de reparto accionarial con este alrededor del 50% de las acciones propiedad de los mencionados ciudadanos bolivianos se repitió, conforme a la Ley de Capitalización, en el momento en que se emprendió la privatización de las empresas públicas de otros sectores, de manera que el 50% de las acciones de cada una de ellas también pasaron (igual que el 50% de Andina, Chaco y Transredes) a ser administradas por las AFP.

Esta ley de Hidrocarburos presentada por el gobierno de Goni, sin abjurar -no podía, eso habría sido inconstitucional- del principio de propiedad del estado boliviano sobre los hidrocarburos, se sacó de la chistera, sin embargo, para burlar en parte ese principio constitucional la ficción jurídica (que no es estrictamente ilegal, pese a todo) de que los recursos seguían siendo propiedad del estado mientras estuvieran en el subsuelo, pero que una vez en boca de pozo pasaban a ser propiedad de las empresas adjudicatarias (de ese modo las empresas recibían el derecho de explotación, pero también el de propiedad, aunque sólo en el momento en que los recursos salieran a boca de pozo), estableciéndose además sobre estas empresas adjudicatarias signatarias de los contratos un nivel de impuestos con destino al estado especialmente bajo (18% de los beneficios) que estaba destinado a captar así el interés de las empresas transnacionales (Repsol, Petrobrás...) para que invirtieran en Bolivia; unas empresas transnacionales éstas que se sintieron atraídas por el proceso de capitalización boliviano y efectivamente llegaron al país: bien entrando en las nuevas empresas fruto de la privatización (Andina, Chaco y Transredes) en calidad de socios estratégicos mayoritarios, o bien haciendo su entrada en el país con filiales propias (v.gr. Petrobrás Bolivia) comprando en algunos casos activos (v.gr. las refinerías de Petrobrás) o empresas al estado boliviano.
La constitución boliviana, como se ha apuntado, no impedía ni impide la posibilidad de que se firmasen estos contratos para la explotación de la riqueza nacional, pero en su artículo 59.5 deja muy claro que estos contratos debían recibir la autorización expresa del parlamento boliviano para ser válidos. El gobierno de Sánchez de Lozada burló este principio argumentando que como los contratos se hacían con arreglo a y en el marco de la ley 1689, el que el parlamento aprobase esta ley (como así ocurrió, el parlamento boliviano la aprobó) validaba implícitamente también los contratos producidos al calor suyo. Con esa actuación lo que se hizo fue hurtar al parlamento la decisión sobre ellos, ya que éste sólo aprobó la ley y no los contratos, porque éstos nunca fueron sometidos a su autorización.
Una estratagema tramposa ésta la del gobierno de Sánchez de Lozada que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de Bolivia, que en resolución de 7 de marzo de 2005 (a instancia de un recurso presentado por Evo Morales y otros dos diputados bolivianos más) declaró ilegales los contratos.

Con este historial, el decreto 28701 que firmó Evo el 1 de mayo y llamado de "nacionalización", no es para nada un norma expropiatoria o confiscatoria, por lo menos no a nivel general (en el caso de Petrobrás y la CLHB sí que podría entenderse que habrá algún tipo de expropiación, aunque parece que con acuerdo de indemnización con la empresa brasileña tal y como establece la constitución boliviana, en cualquier caso, ya se verá). Por contra, lo que fundamentalmente pretende es subsanar (contando además con la situaicón de facto generada) la situación de ilegalidad en la que se está produciendo la explotación de los yacimientos de los hidrocarburos del país, ya que los contratos que facultan la actividad de las empresas adjudicatarias son ilegales. El decreto 28701 lo que hace simplemente es, siguiendo la resolución del TC boliviano, recuperar la propiedad del estado sobre los hidrocarburos en boca de pozo, propiedad ésta que le había sido sustraída ilegalmente, pues los contratos con las empresas adjudicataras que fundamentan la actividad de estas tres empresas nunca fueron autorizados por el parlamento. En tal sentido, en el articulado del decreto lo que se hace es conminar a las empresas extranjeras a negociar nuevos contratos legales (que sean autorizados por el parlamento), fijando un periodo de tres meses para ello y estableciendo que en ese periodo de transición mientras se firman los nuevos contratos se aplicará un nuevo marco fiscal de manera que los beneficios de la extración del petróleo y el gas vayan (vía impuestos y bajo diferentes conceptos) al estado en un 82% (estableciendo pese a todo excepciones en función del rendimientos de los diferentes campos de gas y petróleo) y el 18% restante se quede para las empresas adjudicatarias (reparto inverso al que existía hasta ahora). Para nada se tocan los equipos ni los activos de las empresas privadas, puesto que el estado no tiene nada que decir sobre ellos. En este decreto, además de esta llamada a negociar nuevos contratos y de este nuevo marco fiscal para el periodo de transición, se incluyen varias medidas subsidiarias más, todas destinadas a asegurar por diferentes vías el control del estado de la industria de hidrocarburos del país. Una de estas medidas subsidiarias (a las que por lo visto los medios y los "chicos liberales" no prestaron atención en su momento, dudo que una gran parte de ellos se hubieran leído el decreto) se refería a las acciones "de los bolivianos" (aquel aproximadamente 49% primigenio del momento de la privatización) en las 3 empresas fruto del vaciamiento de YPFB. Es esta medida la que desarrolla el segundo decreto, que es, por tanto, reglamentador de este punto concreto del primero.

Si, este segundo decreto (decreto supremo 28711) lo que hace es precisar cómo se va a dar cumplimiento concreto a la medida en cuestión que ya estaba apuntada en el primer decreto. Fundamentalmente lo que viene a decir es que da tres días a las AFP para que traspasen al estado (a la refundada YPFB) las acciones a nombre de "los bolivianos" que gestionan en las 3 empresas privatizadas (las administran a modo de fideicomiso colectivo, como ya se ha referido).

En relación a esto, como se ha expuesto, hay que recordar que conforme a la Ley de Capitalización, durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) al llevarse a cabo la privatización de las empresas públicas (no sólo el vaciamiento de YPFB, sino también la privatización de las empresas estatales de otros sectores económicos) y para participar además del cuento chino ése del capitalismo popular thatcherita, se estableció que alrededor del 50% de las acciones en las nuevas empresas resultado de la privatización serían concedidas individual y nominalmente a todos los ciudadanos bolivianos mayores de edad en el momento de la privatización -1995- (y en algunos casos también se otorgaría parte de ellas a los antiguos trabajadores de las empresas públicas). Sin embargo, esta primera idea de distribución nominal fue desechada (se ha apuntado, v. gr. la dificultad de abrir millones de cuentas bancarias a nombre de otros tantos millones de ciudadanos a fin de transferir esas acciones a los bolivianos), de esta manera, y constatándose además las suspicacias que algunos sectores sociales y políticos estaban expresando en contra de otro de los proyectos del gobierno de Goni (la reforma del sistema de pensiones), se decidió entonces unir ambos proyectos: privatización de empresas estatales y reforma del sistema de pensiones.

En relación a esto, señalar que como complemento a la implementación del modelo neoliberal general aludido, el gobierno de Sánchez de Lozada había decidido reformar también el sistema de pensiones. Hasta ese momento el modelo de pensiones existente en Bolivia era un sistema de reparto de beneficios definido -SRBD- (público más fondos privados auxiliares) básicamente como el que tenemos en España, en el que los trabajadores activos pagan las pensiones de los jubilados (produciéndose así una transferencia de renta de carácter intergeneracional) y siendo además el estado a través de los organismo tipo Seguridad Social el que se encarga de gestionar el capital que acumulan los activos y que es el que se transfiere a los jubilados en concepto de pensiones. A comienzos de la década de los 90 este sistema en Bolivia se encontraba en bancarrota debido fundamentalmente a una altísima corrupción y a un extendido fraude, así como a falta de cobertura. En este sentido, la reforma del sistema de pensiones era una necesidad perentoria.
Para efectuar la reforma (y al igual que otros países del entorno como Perú, Colombia...) el gobierno de Sánchez de Lozada acudió al sistema de capitalización individual de contribución definida -SCICD- (privado) que es el modelo que la dictadura de Pinochet estableció en Chile en la década de los 80 y que parecía haber dado resultados positivos (aunque muy muy relativos; en tal sentido, a pesar de que ha sido un sistema que se ha mostrado sostenible y resistente a la corrupción, el modelo SCICD chileno apenas alcanza a la mitad de la población, una cobertura netamente deficiente, lo que ha llevado a que el sistema asistencial estatal que teóricamente era transitorio haya tenido que hacerse fácticamente permanente al no ser capaz el SCICD de proporcionar seguro más que a la mitad de la población).
El caso es que Sánchez de Lozada vista la experiencia chilena decidió sustituir el sistema de reparto vigente en Bolivia hasta ese momento por uno de capitalización individual. En este sistema de capitalización individual (tipo chileno) los trabajadores en activo están obligados a contribuir a una cuenta de jubilación, pero ésta es de carácter individual (el activo se paga su propia pensión mediante el capital que acumula con las contribuciones que hace durante su vida laboral), su dinero no sirve para pagar las pensiones de los ya jubilados, sino que es sólo suyo, aunque no podrá acceder a él (salvo casos especiales) hasta que se jubile, y además el dinero de estas cuentas particulares no es administrado por el estado a través de organismos de previsión social como en el SRBD, sino que tiene gestión privada de tipo financiero.
Al ponerse en práctica en Bolivia este modelo SCICD, todas las cuentas individuales de jubilación de los trabajadores en activo propias del nuevo sistema se integraron en el Fondo de Capitalización Individual (FCI) que como se ha dicho no es administrado por el estado, sino por dos entidades privadas (las Adminitradoras de Fondos de Pensiones, AFP) que son las que gestionan e invierten (con limitaciones) el dinero de los trabajadores activos a fin de incrementar el capital que van acumulando y con el que en su momento los activos costearán su jubilación.

A la hora de implementar un sistema de pensiones nuevo (como el caso de Bolivia cuando Goni decidió pasar del SRBD a SCICD) queda el problema de arbitrar un mecanismo de transición entre el nuevo sistema y el viejo, ya que existe el problema de las personas ya jubiladas o de las que ya casi han agotado (o incluso empezado) su vida como trabajadores activos. Ante esta necesidad, Goni aprovechó para ello, como se ha apuntado, el proceso de privatización que tenía entre manos y ligó, por tanto, la privatización de las empresas públicas a la implementación del nuevo sistema de pensiones.
Así, junto al FCI se creó también el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) que al igual que el FCI también gestionan las AFP. Este FCC no se creó propiamente dinero, sino con las acciones (aproximadamente el 50% de cada una, como se ha señalado) de las nuevas empresas fruto de la privatización del sector público. Unas acciones que no son de las AFP, sino que según la Ley de Capitalización son propiedad de los ciudadanos bolivianos mayores de edad en el momento de la promulgación de la ley; las AFP sólo las gestionan.
Se fijó por ley que el destino del FCC administrado por las AFP sería el de pagar una pensión de jubilación a los bolivianos que a fecha de 1995 fueran mayores de edad (que de hecho eran los mismos a los que se "cedía" el 50% de las acciones de las privatizadas según la ley de Capitalización), ya que éstas personas (algunas de hecho por estar ya jubiladas) no iban a tener oportunidad (o por lo menos no las mismas) de asegurarse bajo el nuevo sistema de pensiones una jubilación en el FCI. Esta pensión (el bonosol) se fijo por ley en alrededor de 248 dólares anuales (de entonces), cuyos beneficiarios serían los ciudadanos aludidos desde el momento en que llegaran a los 65 años (algo un poco cínico, pese a todo, ya que la esperanza media de vida de los bolivianos apenas rebasa los 60 años, y en aquel entonces casi ni llegaba a esos 60). El pago del bonosol sería efectuado por las AFP con el dinero que obtuvieran de la gestión de las acciones de las privatizadas (en principio, de los dividendos que éstas produjeran), sin embargo aquí había una trampa.

Realmente cuando se produjo el proceso de capitalización de las empresas públicas Goni deseaba una privatización total de esas compañías, sólo que ante las críticas que podía suscitar esa privatización 100% utilizó el canelo de que aproximadamente la mitad de las acciones de las privatizadas se cedería (de hecho, se cedió) a "los bolivianos", sin embargo al establecer por ley que el bonosol sería de 248 dólares lo que estaba haciendo era asegurar que al final ese 50% de las acciones de las empresas que realmente no se había privatizado (era un volumen de acciones que se había transferido desde el estado -YPFB-, pero no se habían vendido, simplemente se habían traspasado a nombre de "los bolivianos" y entregadas en fideicomiso a las AFP) acabarían privatizándose a posteriori. Esto es así, porque por lo visto, según cálculos, para pagar la primera anualidad del bonosol harían falta (al estar el monto del bonosol fijado por ley en 248 dólares) alrededor de 90 millones de dólares, mientras que los dividendos de las acciones de las privatizadas que gestionaban las AFP apenas alcanzaban 45 millones. Con estos datos, se era consciente de que los dividendos no bastarían para pagar el bonosol, siendo la salida natural (evidentemente) para asegurar el pago, la venta (privatización, ahora sí) paulatina de esas acciones para poder seguir pagando el bonosol. De esta manera, para pagar el bonosol el primer año haría falta el dinero de los dividendos + el generado por la venta de una parte de las acciones; y al año siguiente lo mismo, y así sucesivamente. De este modo, el destino del FCC era desaparecer, ya que su patrimonio (las acciones de "los bolivianos") debería ir vendiéndose poco a poco para pagar año a año el bonosol, llegándose a un momento en el que no quedaría nada que vender, porque se habrían vendido todas las acciones (situación ésta que debía coincidir con el momento en el que muriera el último de los bolivianos propietarios de las acciones, el último de los bolivianos que eran mayores de edad cuando se promulgó la ley de capitalización; ya que los beneficios de las acciones entregadas al FCC estaban destinados sólo a ellos, ya que todos los bolivianos que nacieran después o que eran menores a esa fecha podrían costearse su jubilación a través del FCI del nuevo sistema de pensiones y no necesitarían -en principio- de la existencia de un FCC).
Sinceramente, aunque no comulgue con el proceso de privatización al que respondía, ni con los fundamentos de un sistema de pensiones SCIBD a la chilena, así expuesto a nivel teórico, este modelo de transición entre un sistema y otro que fue establecido con el FCC me parece que está bastante bien pensado y que podía haber funcionado (aunque hubo varios estudios que afirmaron que los cálculos sobre la vida del FCC estaban mal hechos y el FCC se habría evaporado en menos de 20 años, sin aguantar los más 50 que requería para ser capaz de subsistir hasta que muriera el último boliviano beneficiario del bonosol).
Además, esta idea del destino final del FCC que tenía Goni no era un plan al tuntún, sino que estaba perfectamente orquestado siguiendo las tesis neoliberales (las únicas admitidas por los establishment de más de medio planeta por aquellos años y aún hoy) que no tienen porqué estar totalmente equivocadas, al menos en parte. Así, y bajo este prisma, el FCC era un instrumento para dos cosas, ya apuntadas:

1)Desmantelar el viejo sistema de pensiones actuando de colchón financiero para los ciudadanos que no podían acogerse al nuevo, bien porque hubieran agotado su vida laboral y ya estuvieran jubilados o bien porque ésta ya hubiera empezado en el momento en el que se implantó el nuevo sistema (esto es así, porque hay que notar que en los sistemas SCIBD no se contemplan ni pensiones no contributivas, ni nada por estilo; en tal sentido el FCC cumplía ese papel).
2)Lograr la privatización completa del sector público, aunque esta privatización fuera diferida en el tiempo: el 50% en el momento de la capitalización y el 50% restante posterior y paulatinamente a medida que las AFP fueran vendiendo (privatizando) las acciones de las empresas depositadas en el FCC.
El que al final y según este plan el FCC terminara desapareciendo no era ningún problema, de hecho se deseaba su desaparición, ya que además de lograrse con ello la privatización 100% de las empresas públicas, con la venta de ese volumen de acciones que integraba el FCC se lograría la dinamización del mercado nacional de capitales y consiguientemente la activación económica general.

Sin embargo, este superplán neoliberal de Goni para completar la privatización total vía bonosol del sector público, reformando además de paso el sistema de pensiones con una propuesta mucho más vendible electoralmente (de hecho el primer pago del bonosol se hizo precisamente en la campaña electoral del 97), tropezó con muchos obstáculos, algunos de carácter técnico.
Así, debido quizá al reducido tamaño de la bolsa de La Paz, los problemas de inseguridad y corrupción de la misma, así como las turbulencias financieras que golpearon la región en los últimos años de la década de los 90 (crisis financiera asiática, suspensión de pagos rusa, efecto "samba", efecto "tango"... del mismo modo que -y en relación con algunos de esos fenómenos- la caída de la economía boliviana en crisis económica) las empresas fruto de la privatización no llegaron nunca a inscribir en la bolsa las acciones. Esto es importante subrayarlo. Por lo visto (v. gr. en el caso de las 3 empresas del sector de los hidrocarburos) las acciones de las empresas adjudicatarias Chaco, Andina y Transredes (el 100% de esas acciones, el 50% de los socios transnacionales extranjeros y el volumen de "los bolivianos" y que pasaron al FCC, más las de los trabajadores, todas) no eran acciones plenamente bursátiles, sino de tipo nominal, ya que en el momento en que se produjo la privatización las transnacionales no pagaron al estado ni un duro por ese 50% de las acciones que iban a pasar a dominar en las tres nuevas empresas resultado de la privatización, sino que el estado se las entregó a cambio únicamente de compromisos de inversión (de hecho, se estimó que el valor de las nuevas empresas sería el compromiso de inversión que las transnacionales se comprometierán a hacer en ellas, duplicado en un número determinado de años). Se pensaba que posteriormente y a decisión de las propias tres empresas nuevas, las acciones deberían inscribirse en la bolsa, pero eso no se produjo. No parece que estuviera en el ánimo del plan privatizador de Goni, el que estas empresas no salieran a bolsa, sino que probablemente Sánchez de Lozada esperaba que esta situación fuera algo temporal y no perpetuo, ya que si no no habría podido llevarse a cabo el plan de desaparición progresiva del FCC que suponía el establecimiento del bonosol de 248$ y que tenía en mente.

Con todas estas dificultades, la "operación bonosol" de Goni empezó a descarrilar. Así, para pagar la primera anualidad (1997) del bonosol, las AFP al no tener suficiente con el dinero de los dividendos de las acciones pensaron en vender parte de las acciones (el plan funcionaba), pero al no existir precio de mercado para las mismas al no cotizar las acciones en bolsa, las acciones que disponían las AFP en el FCC no tenían precio al que venderse (el plan empieza a no funcionar). De esta manera, para el pago del bonosol del 97 (y ante el hecho de que los dividendos de las privatizadas no cubrían, como se ha señalado, el monto aludido de 90 millones de dólares) se optó porque las AFP suscribieran (como solución coyuntural sólo para ese año) un crédito con la banca nacional (crédito que por lo visto se concedió a ¡¡¡más del 11% de interés!!!) para hacer frente al pago de la anualidad.
Al año siguiente la acalorada historia de los partidos políticos bolivianos durante el fin de siglo, los efectos del poco funcional sistema de elección presidencial, así como los propios resultados de las elecciones presidenciales bolivianas; añadieron a los obstáculos mencionados uno político de primer orden para la llegada a buen puerto de la "operación bonosol" que hizo que esta operación (casi) definitivamente fracasara. Así, el candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario -MNR- (el partido de Goni) no fue elegido en las elecciones de ese año y el nuevo presidente electo, Hugo Bánzer, puso el grito en el cielo ante la deuda del crédito que habían contraído las AFP para pagar el bonosol del 97, argumentándose además con retorica nazi-neoliberal desde algunos sectores del pacto cuatripartito que sostenía al gobierno Bánzer, que tal y como estaba diseñado, el bonosol "era un desperdicio de inversión y capital en gente improductiva cuyo único y dudoso mérito era el de haber llegado a viejos" (por los jubilados). De esta manera, el gobierno de Bánzer prohibió directamente (al margen de las dificultades apuntadas que de orden fáctico existían para ello) a las AFP vender las acciones del FCC; y agarrándose a los estudios que afirmaban que con el pago del bonosol el FCC se evaporaría por completo en menos de 20 años, suspendió fulgurantemente el bonosol y mediante la nueva Ley de Propiedad y Crédito Popular se abolió dicho bonosol. Con esta nueva ley se estableció que sólo el 30% de las acciones del FCC serviría para pagar una nueva pensión a los que llegaran a 65 años, pensión que sustituiría al bonosol. Esta nueva pensión (llamada bolivida) no tendría un monto fijado por ley (como el bonosol) sino que su cuantía sería el resultado de dividir cada año entre el número de beneficiarios el dinero que hubiera rentado vía dividendos ese 30% de las acciones del FCC; se estableció así con la idea de que no ocurriera nunca el que se tuviera que recurrir a un crédito para hacer frente al pago de la pensión, como había ocurrido con el bonosol en 1997. Eso hizo que el monto del bolivida pagado durante el gobierno Bánzer fuera de alrededor de 60 dólares (frente a los 248 $ del bonosol), una cuantía especialmente baja, ya que sólo salía de los dividendos de las acciones del FCC (y sólo del 30% de ellas). Así, este mísero bolivida (del que de hecho, se llegaron a pagar dos giros sin problemas mientras estuvo vigente) no tuvo los problemas de sostenibilidad del bonosol, ya que no tenía un monto fijo, sino que éste dependía de los dividendos de las privatizadas, y además dependía de ellos de manera única, porque el gobierno había prohibido a las AFP (pagadoras del bolivida como antes del bonosol en tanto que gestoras del FCC) que ese 30% de las acciones del FCC fuera vendido.
La misma ley estableció que el 70% restante de esas acciones del FCC (las "acciones populares") se distribuiría directamente, de manera nominal y sin esperar a que llegaran a los 65 años, entre los bolivianos mayores de edad en el momento de la privatización. Este reparto de las "acciones populares" era algo extraño. Quién optase por recibir su "acción popular" luego no recibiría el bolivida (el ciudadano tenía que optar por recibir el bolivida cuando se jubilase o su "acción popular" en ese momento) pero si un ciudadano optaba por la "acción popular" no podría venderla (los problemas técnicos para ello seguían presentes), sino que parece que la idea era (el gobierno Bánzer por lo visto nunca tuvo claro realmente el destino de las "acciones populares", por lo menos yo nunca lo entendí), que las "acciones populares" sirvieran para poder ser utilizadas como garantía con las que estos ciudadanos pudieran solicitar microcréditos que dinamizasen la actividad económíca del país.
Un plan éste el de Bánzer que suponía un freno al proyecto neoliberal de Goni, pero que no lo sustituía de manera decidida por otro (se puede decir que según la ley de Bánzer se acabaría por privatizar el 70% de las acciones del FCC, pero el restante 30% permanecería intacto), sino que se limitaba a parchearlo cutremente a tenor además de los intereses electorales de la corrupta partitocracia boliviana de entonces. Quizá por eso (y más allá del resultado de las elecciones de 2002) la reforma Bánzer fracasó a medio plazo: el reparto de las "acciones populares" realmente nunca se llevó a cabo y la cuantía del nuevo bolivida se reveló como tremendamente insuficiente a la hora de procurar un nivel de subsistencia digna a los jubilados beneficiarios.

Así las cosas, tras la muerte de Bánzer en el ejercicio de la presidencia de la república y su sustitución en el cargo por el vicepresidente Jorge "Tuto" Quiroga, en las elecciones presidenciales de 2002 fue elegido presidente el candidato del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada (again), que inició entonces su segundo gobierno tras el de 93-97.
Con su llegada al poder, Goni intentó recuperar el espíritu original de las medidas de privatización de su primer gobierno. De esta manera, abolió inmediatamente el bolivida y las acciones populares (acciones que pese a todo no se habían llegado a repartir) y mediante la Ley 2427 del Bonosol reimplantó nuevamente el bonosol de 240$ aprox. (ése era el monto establecido por dicha ley para el quinquenio 2003-2007) y además añadió al reimplante del bonosol el beneficio del pago (con cargo también al FCC) de los gastos funerarios de los bolivianos que muerieran antes de llegar a los 65 y que por tanto no pudieran beneficiarse del bonosol (cubriendo en parte así la crítica que se había hecho acerca de la disparidad entre la la edad establecida para el cobro del bonosol y la esperanza media de vida boliviana). Sin embargo, como todos los problemas que habían impedido la venta de las acciones seguían presentes y las AFP no podían fácticamente vender las acciones que custodiaban y gestionaban en el FCC, puesto que las empresas capitalizadas no cotizaban en bolsa, se estableció la posibilidad legal (en principio, temporal) de que para pagar el bonosol el FCC pudiera vender (no a precio de mercado, imposible ya que las acciones seguían sin estar inscritas en bolsa, sino al de capitalización, o sea a un calculo en relación a las inversiones que las transnacionales se comprometieron a hacer en el momento en el que entraron como socios estratégicos en las privatizadas) parte de las acciones de "los bolivianos" al FCI (las cuentas individuales de jubilación). Aunque esta posibilidad fue abrogada posteriormente tras la huida del país de Goni tras los sucesos de la "guerra del gas", en los meses finales de 03 (mientras estaba vigente) el FCC vendió efectivamente parte de las acciones al FCI y con el dinero de esa venta más el de los dividendos se pagó el bonosol de 2004 y 2005. Esto pasó a complicar más el embrollo, ya que entonces los bolivianos a los que no se les concedió las acciones en el momento de la privatización (porque no eran mayores de edad) ya que ellos lo que tenían que hacer era seguir el nuevo sistema de pensiones aportando al FCI, pasaron a tener metida parte de su inversión en acciones de las privatizadas (embrollo que se ha corregido en parte al conseguir el nuevo gobierno de Bolivia la devolución del FCI de las acciones que le vendió el FCC, factible tras una carambola en una de las empresas privatizadas que le proporcionó dinero para que el FCC readquiriera las acciones vendidas al FCI).

Para comprender bien el marco en el que se concibe el decreto de nacionalización, así como el segundo decreto, además de toda esta historia de la "operación bonosol" (y todas sus implicaciones) de Goni y la odisea bonosol-bolivida, hay que hacer referencia también a un hecho adicional muy importante que se refiere al poder de las AFP. Así, las AFP al ser las gestoras de las acciones que "los bolivianos" tienen en las privatizadas y que integran el FCC, también ejercían (como administradoras de esas acciones) los derechos que éstas últimas conferían a sus titulares en los consejos de administración de las empresas.
De esa manera, las AFP han estado designando 3 de los 7 miembros de los consejos de administración de Chaco, Andina y Transredes (así como de las privatizadas de otros sectores). Es por ello, que estas 3 empresas (del mismo modo que otras capitalizadas) son coto privado de las decisiones de 4 gatos, ya que al no cotizar en bolsa no son controladas por el mercado (aun cuando sabemos que el control del "mercado" es bastante limitado y suele responder también sino a 4, sí a 10 o 12 gatos), ni tampoco lo son por parte del estado. Lo son por parte de las transnacionales extranjeras por un lado (que designan los otros 4 consejeros) y por las AFP por otro, algo peligroso habida cuenta de que (por lo menos en España) las grandes empresas industriales suelen estar también controladas por la banca en virtud del complicado juego de partipaciones accionariales cruzadas que las entidads financieras tiene en ellas (vease La Caixa+Gas Natural+Repsol... a propósito de la operación sobre Endesa). Es por ello, que la connivencia entre transnacionales + AFP (una de ellas controlada por el BBVA) no es para nada descabellada, y es bastante peligrosa para los intereses de todos aquellos que no sean ellos y ellas.
Es a esta situación de poder de las AFP en los consejos de administración a la que fundamentalmente pretende responder el segundo decreto (28711), que para nada supone la destrucción de la mayoría de los efectos de los procesos de capitalización y de reforma de las pensiones.
En tal sentido, en los decretos mencionados se hace referencia explícita a que con ellos, además de no estar quitándose las acciones a nadie (siguen siendo de "los bolivianos"), sino que simplemente lo que ocurre es que el estado a través de la refundada YPFB asume la gestión que hasta ahora venían haciendo de ellas las AFP (cumpliendo además con ello con una de las propuestas que se aprobaron en el referéndum de 2004 cuando, entre otras cosas, se preguntó explícitamente a los bolivianos si querían que el estado se hiciera cargo de esas acciones; a pesar de existir el problema ético-político de que se preguntara a toda la población sobre unas acciones que pertenecían sólo a una parte de ella -a los bolivianos que eran mayores de edad en 1995-). Tampoco se está poniendo en cuestión, al menos no con este decreto, el modelo de sistema de pensiones SCICD que conforma el binomio FCI+FCC, porque en el articulado de este decreto se dice clarísimamente que el estado (que es el que ahora, a través de YPFB, gestionará las acciones de "los bolivianos"), transferirá puntualmente el dinero de los dividendos de esas acciones al FCC, a fin de que las AFP sigan pagando el Bonosol. Con esto queda bastante patente que con este decreto el gobierno boliviano no quiere meterle mano a los dividendos de las acciones de los bolivianos, ni al sistema de pensiones en sí, lo que le interesa y lo que viene buscando es el control de la industria petrolera. El estado quiere gestionar esas acciones, porque desea ejercer los derechos que ellas confieren en los consejos de administración de las privatizadas (de hecho, sólo con este paso de asumir la gestión de las acciones de los bolivianos el estado -vía YPFB- pasará a designar 3 de los 7 consejeros de Andina, Chaco y Transredes).
Obviamente para lograr el control de las tres empresas no basta con esta medida de asumir la gestión de las acciones de los "bolivianos", y es que el decreto "de nacionalización", así como incluía la medida que es implementada con el segundo decreto, también apunta otras medidas entre las cuales una de las que parecen más importantes es la de que el estado nacionalizará acciones hasta gestionar la mitad más 1 de la Andina, Chaco, Transredes, la filial de Petrobrás en Bolivia y la CLHB. No se especifica cómo, con lo que es de esperar que se dicten nuevos decretos de concreción. De todas maneras, al ser relativamente pequeño el volumen de acciones que, una vez asumida la gestión de las que administraban las AFP, el estado boliviano necesitaria para controlar el 50% + una en Andina y Chaco (las acciones de "los bolivianos" en estas están prácticamente intactas respecto del 49% original), algo más en el caso de Transredes, probablemente lo que se haga sea obligar a las empresas a inscribir de una vez las acciones en bolsa e ir comprando allí acciones hasta alcanzar la mitad más una establecida en el primer decreto (una mecánica ésta que se parecería mucho a la que realizó en Chile el presidente democristiano Frei en los 60 con el proceso de chilenización del cobre, proceso muy diferente del de la nacionalización que intentó Allende). En cualquier caso, tampoco es de extrañar que se intente alguna medida de otro tipo, ya que el decreto habla de "controlar" y no de la titularidad o de la propiedad de ese 50% + 1 de las acciones. En el caso de la CLHB (también afectada por el decreto y empresa totalmente privada en la que el estado boliviano no tenía ninguna acción) el gobierno boliviano ya parece haber llegado a un acuerdo para constituir una nueva sociedad con el consorico peruano-alemán dueño de CLHB en el que el estado entre como socio mayoritario con el 51% de las acciones. Donde parece estar más complicado el tema es en el caso de la filial de Petrobrás en Bolivia, en la que el estado no tiene participación alguna (no como en las tres privatizadas). En este caso de Petrobrás, parece ser que sí podría terminarse (sobre todo porque está el complicado tema de las dos refinerías que el estado vendió a Petrobrás) con algún tipo de medida expropiatoria, no creo que confiscatoria. En cualquier caso son especulaciones, ya se verá, probablemente con nuevos decretos.

Lo que parece fuera de toda duda es que el decreto de "nacionalización" es fruto de una cuidada estrategia, y que pese a lo que no se cansan de afirmar algunos, desde luego no es una decisión personal de Evo tomada tras una conversación de media hora con Hugo Chávez (a este paso, ¿cuándo van a decir que Chávez tiene poder también de cambiar la dirección del frente polar o el calentamiento de los océanos?, total ya) como los grandes medios de las prensa española quieren hacer creer.

Hasta el momento no he juzgado las medidas de Evo, aunque desde luego el que se pusiera fin a una situación en la que las empresas que explotan los principales recursos del país fueran controladas sólo por dos AFP (controladas a su vez por bancos) junto a un puñado de empresas transnacionales (y más sabiendo como sabemos de las relaciones incestuosas que mantienen la banca y las principales empresas industriales como se ha referido para el caso español) con el peligro que ello supone para realizar cambalaches ilegales (de hecho, hace años hubo un escándalo al intentar uno de los presidentes de las AFP bolivianas manejar las acciones del FCC con vistas un beneficio personal en ellas) es algo que, en general, me parece bien.
De todas maneras, es muy pronto para juzgar los beneficios o costes del proceso emprendido por el gobierno Morales, fundamentalmente porque el proceso no está acabado. De hecho, tal y como está ahora, las medidas de Evo además de tener importantes lagunas parecen plantear también algunas incoherencias, ya que v. gr. no entiendo muy bien que, si su deseo es seguir con el bonosol -fijado hasta 2007 en 248$- tal y como evidencia la disposión del segundo decreto que dice que YPFB entregará al FCC los dividendos de las acciones que ahora gestiona para que las AFP puedan seguir pagando el mencionado bonosol, cómo va a poder hacerse frente a este pago sin vender las acciones de "los bolivianos" (algo que desde luego el gobierno Evo no tiene ninguna intención de hacer). En otras palabras, si en el pasado los dividendos de las privatizadas no eran suficientes para pagar el monto de la anualidad del bonosol y según el plan de Goni iba a ser necesario vender parte de las acciones cada año para hacerlo, es de esperar que tras la imposición (mediante el decreto 28701) de un régimen fiscal mucho más pernicioso para esas empresas (82 a 18% para el periodo de transición, más lo que se establezca posteriormente para los nuevos contratos, en el caso de que éstos se firmen) menos productivos resulten los dividendos que generen. Así, que mucho me temo que al estar todos los procesos (privatización, reforma de pensiones,...) tan interrelacionados desde su inicio y sobre todo con tantos parches (todas esas idas y venidas con el bonosol y el bolivida, que por otra parte recuerdan mucho a la matucaña que la clase política española suele utilizar respecto de muchos asuntos legislativos en los que como dice Irene pocas veces tiene la decisión de llevar a cabor verdaderas reformas cuando éstas son verdaderamente necesarias, y que sin embargo, suple su falta de decisión con ejemplos traperísimos de parcherismo político y legislativo, como es el caso de la situación de la educación o la vivienda), todo está tan interrelacionado digo que, o Evo le mete mano en serio al sistema de pensiones bien permitiendo la liquidación del FCC según el plan de Goni (que pese a formar parte de un proyecto neoliberal, no me parece tan mal pensado), algo que parece no estar en su ánimo cuando lo que pretende es el control de la industria de hidrocarburos, o bien lo vuelve a reformar quizá volviendo a un sistema público tipo SCBD, haciéndolo sobre bases más sólidas y eliminando antes el grave problema de corrupción de la administración boliviana (un problema éste el de la corrupción que, hasta cierto punto, se había conseguido mantener a raya con el recurso a las AFP para gestionar FCI y FCC). Lo que está claro es que tal y como está actualmente el modelo no es sostenible, ya que no es sino un conjunto de restos de un proyecto de privatización no fraguado, pero tampoco sustituido y al que se le ha ido prolongado la vida socioeconómica y política a fuerza de remiendos (el lío de la sustitución de bonosol por bolivida aún fue más largo y llegó a la justicia boliviana; por no hablar de la madeja en la que se enredó el gobierno Bánzer con las "acciones populares") legislativos que realmente no sirven a los intereses del pueblo de Bolivia.

Volviendo al principio, lo que sí ha quedado perfectamente claro este último mes es la indecencia de la mayor parte de la clase política y mediática española (y de otros ámbitos) que no han dudado en falsear, azuzar y manipular casi lo que les ha dado la gana.
Han presentado el segundo decreto casi como si lo que el gobierno Morales estuviera haciendo fuera expropiar las acciones del mismo BBVA, no parándose a contar de quién eran realmente las acciones que gestionaban esas dos AFP. Así, el tema de que para las AFP éste no era un asunto ni muy grave ni muy pernicioso (algo sí, ya que las AFP cobran comisiones según el volumen de capital que administran y si ya no administran las acciones de Andina, Chaco y Transredes sus comisiones bajaran algo) fue casi totalmente obviado. Hay que decir en relación a ello que, aunque ya no gestionen las acciones de Andina, Chaco y Transredes que son las que han pasado a gestionarse por parte del estado vía YPFB, las AFP siguen gestionando en el FCC las que los bolivianos recibieron del 50% de las demás empresas privatizadas de otros sectores; por eso los representantes de las AFP no se escandalizaron mucho por el segundo decreto -ya lo hicieron Solbes y compañía por ellos- y se limitaron a pedir (a río revuelto...) "a cambio" -como si fuera un intercambio de cromos- que se les ¡¡¡¡¡¡¡¡librase de la obligación de pagar el bonosol!!!!!!!! -¿y qué más? como si tras la asunción por parte del estado de la gestión de las acciones de Andina y las otras dos las AFP se hubieran quedado sin nada (sin el resto de las acciones de otras empresas que siguen estando en el FCC, además del hecho de que el estado les va a seguir entregando los dividendos de las acciones que va a gestionar ahora) para pagar el bonosol; hombre "librar de pagar el bonosol", si se les libra de pagar el bonosol ¿para qué van a seguir gestionando el FCC si éste se concibió sólo y exclusivamente para pagarlo?).
Han acusado al gobierno de Bolivia poco menos que de robar y expropiar (para algunos términos equivalentes) a Repsol cuando lo cierto es que son los directivos de Repsol (a través de su filial allí) los que están encausados por haber registrado (creo que en la bolsa de Nueva York) a nombre de la empresa reservas gasíferas del subsuelo boliviano, no respetando con eso ni siquiera la ficción jurídica inventada por el primer gobierno Goni en el que se otorgó a las empresas adjudicatarias el derecho de propiedad en boca de pozo (pero no en el subsuelo, ya que eso habría sido abiertamente inconstitucional).
Han acusado al gobierno de Bolivia de utilizar al ejército para vigilar las instalaciones industriales de las empresas adjudicatarias. Y es verdad que el gobierno de Bolivia utilizó al ejército, lo que no se cuenta es que la medida de utilizar a las fuerzas armadas para vigilar las intalaciones y los pozos queda contextualizada al conocer que están abiertas varias investigaciones judiciales (además del tema de las reservas inscritas como propias por Repsol) acerca del contrabando de hidrocarburos que varias empresas presuntamente habrían estado llevando a cabo en Bolivia valiéndose de los casi inexistentes controles sobre producción que efectuaban los restos de la antigua YPFB sobre las extracciones y descubrimentos de las empresas privatizadas.
Han acusado al gobierno de Bolivia de desplegar una retórica agresiva, llena de amenazas y de ultimátums. Y es verdad que en el primer decreto se dice que si en tres meses las empresas adjudicarias no han formalizado nuevos contratos tendrán que marcharse del país. ¿Y por qué utiliza Evo la amenaza y el ultimátum ordenando además al ejército tomar y vigilar los campos de gas y petróleo?, pues porque es lo que se suele hacer con los que se han creído que están por encima del bien y del mal. Es que hay antecedentes a propósito que pocos cuentan, oiga. Hay que recordar que prácticamente (prácticamente) la misma medida que ha adoptado Evo con el decreto "de nacionalización" había sido (tras la resolución del TC boliviano declarando ilegales los contratos firmados con las adjudicatarias) adoptada en la ley de Hidrocarburos que el gobierno del presidente interino Eduardo Rodríguez aprobó en 2005 (ley 3058, de Hidrocarburos). Ya en esa ley se establecía (partiendo de la nulidad de los contratos que se apoyaban en la ley 1689) la obligatoriedad de que las empresas negociaran nuevos contratos con arreglo a la ley, y se les dio para ello (como en el decreto 28701) tres meses para hacerlo. Dicho periodo fue ignorado por las empresas. Aún así, el presidente Rodriguez volvió a dar otros 180 días de plazo, y puesto que estas empresas por lo visto se creían intocables, lo voliveron a ignorar y se le siguieron riendo. Con este recuerdo, era obvio que el gobierno Morales no iba a emplear parabienes precisamente a la hora de tratar con estos elementos.

Pese a todo, estas acusaciones hechas desde empresas, políticos y medios de opinión (en sentido amplio) llegan al completo cinismo cuando a coro invocan para hacer frente a las medidas del gobierno Morales la sacrosanta "seguridad jurídica".
Claro, seguridad jurídica, pero ¿para quién? ¿Qué seguridad jurídica pueden invocar estas empresas que han estado actuando en la ilegalidad? Porque no estamos hablando de que se haya firmado una ley nueva que cambie las condiciones en las que las empresas firmaron los contratos. No. Los contratos se firmaron cuando la constitución boliviana estaba plenamente vigente y, en tal sentido, son ilegales desde su inicio. Es por ello, que puede afirmarse que más que verdadera seguridad jurídica (no retroactividad de las leyes, necesidad de publicidad...) lo que parecen reclamar quienes exigen seguridad jurídica para estas empresas es algo así como una bula para seguir actuando al margen de la ley. ¿Seguridad jurídica para no respetar las leyes, por encima de ellas la constitución? Seamos sinceros a las empresas transnacionales el único interés y preocupación que manifiestan por el régimen jurídico es por aquel que les garantice que no podrán ser tocadas (por algo en la OMC se vuelve a atacar con una nueva edición del fallido AMI) y la chulería con que han actuado y actúan en Bolivia es un ejemplo.
De todas maneras cuando tras la resolución del TC boliviano empezaron a reclamarse medidas contra las empresas que estaban actuando en la ilegalidad (que fue el momento en el que las empresas transnacionales empezaron a invocar su particular sentido de la "seguridad jurídica") las empresas encontraron a un aliado en el entonces presidente boliviano Carlos Mesa, el cual se resistió a promulgar la nueva ley de hidrocarburos (fruto de un mandato popular expresado en una de las cuestiones del referéndum que él mismo convocó) defendiendo que ante todo debía respetarse la seguridad jurídica para no espantar las inversiones del país. Así, aún admitiendo que los contratos firmados eran ilegales, Mesa defendió que éstos no debían anularse, sino que lo que había que hacer era dejar que cumplieran su vigencia temporal y, en todo caso, ocuparse de firmar nuevos contratos legales en el caso de que se encontrasen nuevos yacimientos de gas o petróleo, pero en ningún caso tocar los ya firmados.
Esta posición de Mesa evidenciaba (más allá de los diversos elementos argumentales que puedan apreciarse en ella) un descarado apoyo a una política y forma de actuación de actos consumados. Una acción ésta que, pese a poder resultar funcional en según qué contextos, puede ser muy peligrosa y hasta mezquina en otros. Así, en el caso boliviano la postura de Mesa defendiendo que había que respetar los contratos ya firmados (pese a ser ilegales) y dejar que consumieran su duración tiene dos puntos de censura claros:

1)Los contratos éstos ilegales firmados fundamentalmente en la segunda mitad de los 90, tienen una duración de alrededor de 30 y 40 años (nada menos), en tal sentido esperar a que se cumpla el tiempo de su vigencia y posteriormente firmar nuevos contratos es algo bastante absurdo. ¿De qué les servirá a los bolivianos restaurar la legalidad de la explotación de los hidrocarburos dentro de 40 años? ¿Quedará gas dentro de 40 años? A mi entender una mayoría de bolivianos intuyen que no, que para entonces los yacimientos puede que estén agotados o muy mermados, y precisamente lo que muchos bolivianos no quieren es que la riqueza que se esconde en el subsuelo de Bolivia se esfume sin beneficiar todo lo posible al país; que se esfume como se esfumaron las riquezas metalíferas cuando como se agotaron las vetas de las minas de Potosí tras años y años de saqueo en los tiempos de la colonia. Y hombre, puedo entender que algunos contratos tienen que tener un horizonte temporal amplio, porque sino algunas inversiones que se necesitan hacer para la explotación de según que recursos no tendrían oportunidad de amortizarse; pero por eso mismo se debería poner el máximo empeño en que su firma y redacción cumplieran con todas las garantías. Es que sino, contando con el peculiar sentido de "seguridad jurídica" entendido como respeto ciego a los hechos consumados (no importando además el carácter ilegal o criminal de éstos últimos) que parecen tener las transnacionales y sus adláteres, cualquier gobernante podría subastar según le conviniese las riquezas nacionales (sin respetar incluso las leyes) no pudiéndose luego hacer nada para revertir el desaguisado causado (así está el litoral cementífero español).
2)¿De qué seguridad jurídica están hablando empresas que han estado actuando ilegalmente, sostenidas en contratos que no se firmaron conforme a la ley, y que además puede que hayan realizado acciones ilegales como el contrabando de gas? Estos sujetos (no necesariamente individuales) al invocar la seguridad jurídica lo que hacen es como se ha dicho, reclamar una política de hechos consumados, a eso por lo visto estaban acostumbrados con otros gobiernos. Lo que realmente les ocurre a transnacionales y adláteres (medios y gobiernos) es que no se tomaron en serio la elección de Evo. Llevan tanto tiempo actuando por encima del bien y el mal que creyeron que podrían seguir toreando a su antojo y que Evo se iba a contentar con una bolsa de cacahuetes (o una reunión en la Moncloa, o una cancelación de la deuda, o simplemente unas buenas palabras como las que en un primer instante le dirigió Condolicha -MP-). Ante la comprobación de que no ocurre eso, y que Evo no se contenta con los cacahuetes, es cuando recurren a la invocación de la sacrosanta "seguridad jurídica".

Claro, que bonito, seguridad jurídica para las empresas ¿y para los bolivianos no hay seguridad jurídica? Porque esas empresas están explotando los hidrocarburos de manera ilegal, ya que sus contratos son constitucionalmente nulos. Ya, pero es que las empresas no son responsables de la ratificación de los acuerdos, eso competía al gobierno, las empresas son sólo una víctima más. Ya, lo que se esgrime con eso es, como se ha referido, una política de hechos consumados, pero eso es muy peligroso.

Hombre, ¿qué pasaría si yo me voy a Rumanía y compro un niño a una familia pobre? Si la policía me pescase probablemente me detendría y me quitaría al crío diciéndome que no se puede comprar un niño. Entonces (según la lógica de los hechos consumados y del peculiar sentido éste de la "seguridad jurídica") yo le diría al poli que respete mi seguridad jurídica porque yo firmé un papel con su padre en el que estipulé que le entregaba 6000 euros por el crío. Entonces el policía me diría que es que ese contrato es ilegal, porque no fue hecho con arreglo a la ley, ya que no se puede comerciar con seres humanos. Entonces yo le diría que me compensase, porque yo no sabía nada, yo soy una víctima más del padre que me vendió al chaval. ¿Me darían la compensación? ¿Me darían al crío?

Y es que hay que tener cuidado con quién se hacen los negocios, quizá Repsol/YPF y el resto de transnacionales "cazadas" ahora en Bolivia tendrían que preguntarse porqué Sánchez de Lozada -Goni- (con cuyo gobierno firmaron los contratos) huyó a Estados Unidos y está allí, no por casualidad, a miles de kilómetros de la justicia boliviana.
En las películas de gángsters se ve como los mafiosos suelen exigirse desnudarse antes cuando tienen que comenzar alguna reunión, para tener así la seguridad de que no llevan micrófonos, ni armas ocultas, ni ninguna TRAMPA. Es una buena idea. Quizá si algunos de los MBAs de espíritu nazi que hay por ahí impartieran esa técnica gangsteril a emplear a la hora de hacer negocios (y más en el extranjero), a lo mejor algunos directivos y algunos políticos se ahorraban ulteriores sustos y quebraderos de cabeza.